IOWA CITY, Iowa — El uso de cámaras en los uniformes de los agentes o en los tableros de los autos fue promocionado como una forma de garantizar la transparencia cuando hay tiroteos u otros incidentes graves, pero una investigación de la Associated Press comprobó que la policía de Estados Unidos se resiste a mostrar los videos de esos episodios.
La AP puso a prueba el acceso del público a los videos policiales en la Semana Sunshine, una celebración anual que busca educar al público acerca de la importancia que tiene la transparencia en el gobierno. Solicitó videos de una veintena de incidentes ocurridos recientemente en una docena de estados.
No obtuvo ni uno solo que no hubiera sido ya hecho público. Algunas solicitudes siguen pendientes o abarcan videos de investigaciones en curso, que podrían ser dados a conocer en meses o años, cuando probablemente ya no haya tanto interés en ellos.
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Al negar las solicitudes o demorar la entrega, los organismos policiales y las fiscalías se acogen a exenciones que les permiten guardar en secreto archivos de investigaciones en curso. Un condado afirmó que la exención permite retener el video de la muerte a tiros de un conductor para siempre, a pesar de que la investigación concluyó y el agente no fue enjuiciado.
En Dakota del Norte el año pasado las autoridades retuvieron un video de un enfrentamiento entre Daniel Fuller, de 26 años, muerto en el incidente, y un agente que lo golpeó con una pistola. Una autopsia reveló que el hombre falleció de un balazo en la nuca.
Lo entregaron solo después de que el fiscal anunciase en noviembre que el agente no quiso disparar su pistola y no sería llevado a juicio.
“Les tomó una eternidad entregar el video porque insistían en que había una investigación en curso”, expresó la hermana mayor de Fuller, Allyson Bartlett. “Sospecho que no querían recibir presiones de la comunidad”.
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Los departamentos de policía distribuyen voluntariamente los videos de episodios sonados, a veces en cuestión de días o de semanas. También están obligados a compartirlos en demandas que involucran los derechos civiles o cuando los sospechosos van a ser enjuiciados.